Esta semana que hemos dejado atrás, entre tormenta y tormenta, he intentado disfrutar de los últimos días de vacaciones que me quedan antes de volver a la cotidianidad productiva. Como mi economía es escasa, he optado por el veraneo local en la propia ciudad donde resido. Entre otros quehaceres, el baño vespertino ha resultado ser una alternativa eficaz para sobrellevar las temperaturas elevadas del mes de agosto que asolan Vitoria-Gasteiz.
En la capital gasteiztarra las opciones disponibles en materia de «refresco» son varias. Así, la ciudad cuenta con distintas instalaciones tanto públicas como privadas donde poder chapotear al gusto. Estas últimas, por la condición de socio que exigen vinculada al pago de una cuota anual, o el precio elevado de sus entradas diarias, están fuera de mi alcance.
De este modo, las dotaciones municipales se constituyen en la única salida que nos queda a los presupuestos más modestos. No es para menos, pues bajo mi punto de vista, lo público debe salvaguardar los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos, también en materia de ocio, validando así el derecho a la pereza que reclamara Paul Lafargue.
No obstante, el Ayuntamiento de Gasteiz presidido por Maider Etxebarria hace de este derecho universal algo subjetivo y discriminatorio. Me explico. Vitoria cuenta con dos instalaciones municipales de piscinas para la temporada de verano, como son Mendizorrotza y Gamarra. Por sorprendente que parezca, las condiciones de acceso a estas dependencias no son iguales. Mientras en Gamarra se puede obtener un bono de verano para disfrutar de este entorno a precios reducidos, Mendizorrotza carece de él. En la misma línea, el precio de la entrada diaria no es igual, siendo el de Mendizorrotza bastante más elevado −13,40 euros frente a los 6,60−.
Y yo me pregunto: ¿por qué se producen estas diferencias cuando el acceso a las piscinas de titularidad municipal de cualquier centro cívico cuesta lo mismo? No hace falta ser un lince para obtener la respuesta. La segregación socioeconómica y cultural que imponen los barrios de Gasteiz, y que se reproduce en la naturaleza del usuario que acude al centro cívico más próximo, quedaría diluida cuando la ciudadanía gasteiztarra cuenta únicamente con dos emplazamientos municipales para el ocio veraniego, donde a la fuerza convivirían personas de muy diferente clase y condición.
En temor y para evitar este ensayo nivelador, inclusivo e igualitarista entre las distintas personas que componemos la sociedad gasteiztarra, el ayuntamiento de coalición PNV-PSOE establece unas condiciones y precios diferentes para mantener a «todos y todas bien ordenados» y así dar continuidad a la segregación socioeconómica y cultural marcadamente clasista también en verano.
Parece ser que algunos se empeñan en mantener aquella frase que por providencial resulta tan nefasta y que reza «cada uno en su casa y dios en la de todos».
Juan de
Gaztelu
IRITZIA GARA
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