viernes, 11 de octubre de 2024
martes, 10 de septiembre de 2024
Estudiante e inquilina: cuando la vivienda no es un derecho
«Hemos
visto precios exagerados para pisos que tienen cocinas sin frigorífico,
habitaciones sin ventanas y sin armarios...», comenta a NAIZ Ane. Tiene 18 años
y después de terminar bachiller va a estudiar en la UPV-EHU. Ha encontrado un
piso por 1.300 euros, que pagarán entre tres estudiantes después de «ver más de
siete en persona y más de 100 en Idealista», añade. Para muchos estudiantes de
Euskal Herria, encontrar un lugar donde residir se ha convertido en una tarea
titánica: las cifras de los desorbitados precios del alquiler son alarmantes y
la falta de ofertas asequibles les obliga a aceptar casi cualquier vivienda.
Y
es que el coste del alquiler en la CAV ha experimentado un aumento sostenido en
los últimos años, aunque resulta complicado determinar si los precios en el
registro se actualizan de manera acorde a la renovación de los contratos. Este
desajuste se refleja en las discrepancias entre los datos que se recogen en el
informe de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) del Gobierno de Lakua,
que utiliza información del registro de alquileres, y los valores que muestran
los portales de internet como Idealista o Fotocasa. Según la EMAL, alquilar un
piso en la CAV supone pagar de media casi 800 euros al mes, aunque en las
capitales esta cifra es significativamente más alta.
No
obstante, basta con echar un vistazo a Idealista, que la semana pasada publicó
datos sobre la evolución de los precios de alquiler en el último año, para
constatar que el panorama es más preocupante. Durante el mes de agosto, el
coste del alquiler aumentó un 8,4% interanual, alcanzando los 14,1 euros por
metro cuadrado. Analizando por herrialdes, Gipuzkoa registró el mayor
incremento interanual con un 9,2%, seguido de Bizkaia con un 7,8%, y Araba con
un alza del 7,6%.
Por lo que respecta a las capitales, en el caso de Gasteiz, el aumento del alquiler ha sido del 7%; por un 6,8% en Donostia y un 5,9% en Bilbo, todas ellas con una notoria presencia universitaria. Además, según los datos más recientes de Eustat, las universidades de la CAV han registrado un aumento constante en el número de estudiantes matriculados, alcanzando más de 70.000 inscripciones por curso. Este número es el más alto registrado en las últimas dos décadas.
En
Donostia, con una fuerte presencia universitaria, el precio medio del alquiler
rebasa desde hace tiempo la barrera de los 1.000 euros, de acuerdo al estudio
que hizo público el Gobierno de Lakua a finales del año pasado. Según el diario
‘Expansión’, el precio de alquiler ronda ya los 20 euros/m2.
Nahia,
navarra que estudia psicología en Donostia por tercer año, comenta que «cuando
buscas un piso, tienes en cuenta tres factores: precio, ubicación y calidad.
Pero la calidad es hoy lo que menos importa, la búsqueda se ha convertido en
una competencia». Vive en un piso en el que pagan 1.100 euros entre tres
personas, pero este año les han subido el precio. Además, tiene que pagar una
tasa de 600 euros por «renovar» el contrato. «Hay pisos reservados para
turistas, que solo puedes alquilarlos por un mes. Y para encontrar las mejores
opciones, tienes que empezar a buscar en febrero», agrega.
Para
Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, el principal factor que explica el aumento de
los precios del alquiler es la falta de intervencionismo en el mercado. «La
ausencia de topes en los precios permite que estos sigan siendo elevados»,
explica a NAIZ. Además, señala la escasez de viviendas públicas en régimen de
alquiler como otro problema clave: «Falta un gran parque de viviendas públicas
que compita con el mercado privado y obligue a reducir los precios». Por
último, destaca que muchos alquileres de vivienda están siendo convertidos en
alquileres turísticos, ya que son más rentables, lo cual reduce aún más la
oferta de viviendas disponibles para alquiler residencial.
En
este sentido, el registro de viviendas turísticas de Lakua cuenta con un total
de 4.655 alojamientos, de los cuales Donostia suma más de la cuarta parte, con
1.262 (27.1%). Le sigue la localidad más poblada, Bilbo con 991, lo que supone
un 21,3%. Entre ambas capitales concentran casi la mitad de la oferta
(48,4%).
El sueldo al alquiler
Para
la mayoría de jóvenes, emanciparse es casi misión imposible. La última encuesta
sobre necesidad y demanda publicada por el Gobierno de Lakua revela que casi
60.000 jóvenes de entre 18 y 36 años quieren hacerlo, pero les es inviable
acceder a una vivienda. En cuanto a los alquileres, un estudio de InfoJobs y
Fotocasa revela que los inquilinos de la CAV destinan el 54% de su salario al
pago del alquiler, y los de Nafarroa, el 40%.
Por
ello, la mayoría busca alternativas como compartir piso. Con todo, ese mismo
estudio señala que el pago de una habitación en alquiler se lleva una quinta
parte del sueldo de los inquilinos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El precio
medio por una habitación es de 483 euros. Es por esto que más de 6.000 jóvenes
de entre 25 y 29 años han solicitado este año las ayudas del programa Emantzipa
de Lakua.
En
el caso de los estudiantes, la situación es aún más complicada. La gran mayoría
se ven forzados a compartir piso, mientras que otros deben compaginar trabajos
precarios con sus estudios. Además, recibir ayuda económica de los padres es
una práctica común entre aquellos que pueden permitírselo. «Intentamos trabajar
en verano, y ayudar con ese dinero, pero entre la matrícula, el alquiler, la
comida, no nos da... y a eso hay que sumarle el transporte», señala Ane,
iruindarra que estudia en Dantzerti, en Bilbo. Este año, ha encontrado un piso
«en buenas condiciones». Cada inquilina paga 300 euros, pero, como es habitual,
han tenido que pagar un mes de fianza y otro por los honorarios de la
inmobiliaria.
Según
la nueva ley de vivienda del Gobierno español, aprobada en abril, los
propietarios están obligados a asumir los gastos de gestión inmobiliaria y la
formalización del contrato de arrendamiento. Sin embargo, Rubén Sánchez señala
que aún no se ha hecho pública ninguna sanción a inmobiliarias por incumplir
esta normativa. «Hemos denunciado a varias decenas de inmobiliarias desde que
entró en vigor la ley, pero ninguna administración nos ha comunicado que haya
impuesto multas», indica.
Es
importante tener en cuenta que esta normativa se aplica específicamente a los
alquileres para uso de vivienda habitual. Sánchez aclara que la prohibición de
cobrar estos gastos al inquilino no se extiende a contratos temporales, como
los de 10 meses, que suelen ser comunes entre estudiantes. «Si el contrato es
por un período corto, como un curso académico, y finaliza en agosto, no se
considera uso de vivienda habitual y por tanto, pueden esquivar esta
prohibición. Pero muchos estudiantes alquilan con la intención de quedarse toda
la carrera, y en esos casos, sí se aplicaría la normativa», afirma.
Nafarroa
Conseguir
alojamiento compartido en Iruñea también se ha vuelto todo un desafío. «Pagamos
1.150 euros más gastos entre cuatro estudiantes. Estuvimos durante mucho tiempo
buscando, y al final hemos encontrado este, que consideramos un chollo viendo
los precios y la poca oferta asequible», explica Maider, natural de Durango que
estudia en el Conservatorio Superior de Música de Nafarroa.
En
junio, el Instituto de Estadística de Nafarroa publicó la ‘Estadística de
alquiler de vivienda’ que indicaba que el precio medio mensual del alquiler se
sitúa en 541,6 euros en el herrialde, pero el estudio no reflejaba el precio
real, ya que tuvo en cuenta el precio de los contratos firmados años atrás y el
coste de la vivienda protegida en alquiler.
Como
en la CAV, los portales inmobiliarios apuntan a una subida de precios
prolongada. Según el estudio a mitad de año de ‘Variación acumulativa de la
vivienda en España en 2024’, basado en los precios de la vivienda en alquiler
del mes de abril de los últimos 17 años del Índice Inmobiliario de Fotocasa,
hace diez años el alquiler de un piso en Nafarroa costaba de media 539 euros al
mes y ahora cuesta 940 euros. Y de acuerdo con Idealista, el precio del
alquiler ha subido alrededor de un 5,4% en el último año, casi un punto y medio
por encima del alza de los salarios regulados por convenio.
Ley de vivienda
«Consideramos
absolutamente fundamental que las administraciones garanticen el acceso al
derecho constitucional a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, a
través de medidas efectivas. Como mínimo, actualmente es esencial hacer cumplir
la ley de vivienda, aprovechando las herramientas que esta ofrece, como la
posibilidad de declarar zonas tensionadas y establecer límites a los precios de
los alquileres», señala Rubén Sánchez.
A
pesar de los recursos que penden sobre la ley estatal de vivienda, uno de ellos
promovido por el PNV por «invasión de competencias», el Departamento que dirige
el PSE, a través del Observatorio de Vivienda, elaboró un estudio para
identificar las áreas tensionadas, y de esta manera concluyó que 41 de los 251
municipios de la CAV son susceptibles de ser declarados como tal con el
objetivo de contener los precios de los alquileres. En otras palabras, el 55% de la población de la CAV vive en zonas de mercado
residencial tensionado. El Gobierno navarro, por su parte, anunció
que declarará este año las primeras zonas tensionadas de vivienda.
Pero
hay municipios vascos que ya se han echado a andar: Errenteria será el primero en convertirse en zona tensionada y
topar los alquileres de las viviendas a través de este mecanismo.
Ibai Azparren. Iritzia GARA.
En el verano gasteiztarra... cada uno en su lugar
Esta semana que hemos dejado atrás, entre tormenta y tormenta, he intentado disfrutar de los últimos días de vacaciones que me quedan antes de volver a la cotidianidad productiva. Como mi economía es escasa, he optado por el veraneo local en la propia ciudad donde resido. Entre otros quehaceres, el baño vespertino ha resultado ser una alternativa eficaz para sobrellevar las temperaturas elevadas del mes de agosto que asolan Vitoria-Gasteiz.
En la capital gasteiztarra las opciones disponibles en materia de «refresco» son varias. Así, la ciudad cuenta con distintas instalaciones tanto públicas como privadas donde poder chapotear al gusto. Estas últimas, por la condición de socio que exigen vinculada al pago de una cuota anual, o el precio elevado de sus entradas diarias, están fuera de mi alcance.
De este modo, las dotaciones municipales se constituyen en la única salida que nos queda a los presupuestos más modestos. No es para menos, pues bajo mi punto de vista, lo público debe salvaguardar los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos, también en materia de ocio, validando así el derecho a la pereza que reclamara Paul Lafargue.
No obstante, el Ayuntamiento de Gasteiz presidido por Maider Etxebarria hace de este derecho universal algo subjetivo y discriminatorio. Me explico. Vitoria cuenta con dos instalaciones municipales de piscinas para la temporada de verano, como son Mendizorrotza y Gamarra. Por sorprendente que parezca, las condiciones de acceso a estas dependencias no son iguales. Mientras en Gamarra se puede obtener un bono de verano para disfrutar de este entorno a precios reducidos, Mendizorrotza carece de él. En la misma línea, el precio de la entrada diaria no es igual, siendo el de Mendizorrotza bastante más elevado −13,40 euros frente a los 6,60−.
Y yo me pregunto: ¿por qué se producen estas diferencias cuando el acceso a las piscinas de titularidad municipal de cualquier centro cívico cuesta lo mismo? No hace falta ser un lince para obtener la respuesta. La segregación socioeconómica y cultural que imponen los barrios de Gasteiz, y que se reproduce en la naturaleza del usuario que acude al centro cívico más próximo, quedaría diluida cuando la ciudadanía gasteiztarra cuenta únicamente con dos emplazamientos municipales para el ocio veraniego, donde a la fuerza convivirían personas de muy diferente clase y condición.
En temor y para evitar este ensayo nivelador, inclusivo e igualitarista entre las distintas personas que componemos la sociedad gasteiztarra, el ayuntamiento de coalición PNV-PSOE establece unas condiciones y precios diferentes para mantener a «todos y todas bien ordenados» y así dar continuidad a la segregación socioeconómica y cultural marcadamente clasista también en verano.
Parece ser que algunos se empeñan en mantener aquella frase que por providencial resulta tan nefasta y que reza «cada uno en su casa y dios en la de todos».
Juan de
Gaztelu
IRITZIA GARA
domingo, 8 de septiembre de 2024
Evidencias de agotamiento
La sorprendente crítica jelkide
Evidencias de agotamiento del modelo político
Centrándonos en
el caso vasco, se podría
afirmar que el sistema sufre problemas estructurales. La ciudadanía no tiene
los servicios que necesita y tiene que esperar pacientemente para ser atendida,
lo mismo para hacer papeles obligatorios que para ser atendida por un médico.
Un gran cuerpo burocrático gestiona recursos que reparte en una red clientelar
costosa e ineficaz. La cooperación público-privada ha devenido en un trasvase
de rentas de lo común a lo particular, con una casta de amigos del partido
enriqueciéndose.
Hay un cuerpo militante en ámbitos básicos como la sanidad o la educación que
con voluntarismo y sacrificio intenta atender lo mejor que puede a sus conciudadanos.
Pero el sistema ha estado primando la lealtad por encima de la profesionalidad
y el compromiso, y todo ha degenerado.
Las instituciones y el partido(s) gobernante(s) son vectores de enriquecimiento personal. Esa relación vertebra la concentración de la riqueza. Por contraste, crecen las desigualdades y a mucha gente no le alcanza con su salario. Tienen problemas para acceder a una vivienda o para llegar a fin de mes.
La Policía no está al servicio de la ciudadanía, sino en su contra. Es autoritaria, sectaria y orgullosamente represiva. Se suceden escándalos en sus filas.
Los medios gubernamentales han perdido credibilidad ante la sociedad, porque el control político que se ejerce sobre su línea editorial les impide ser independientes y creíbles. No les dejan hacer periodismo.
El discurso oficial tiene por objetivo desvirtuar las críticas y demonizar a la disidencia. El poder ha perdido hasta la más mínima elegancia. El dogmatismo y la falta de autocrítica han llevado a que la mediocridad se instale y tapone, incluso repela, el talento.
Ante un descontento y una contestación cada vez mayores, ¿cómo no intentar hacer una perestroika (que se puede traducir como «reestructuración», en ruso) y una glasnost (que significa «transparencia»)?
El lehendakari Imanol Pradales es el encargado de llevar a cabo ese reseteo, esa reestructuración. Pero su partido sigue en crisis y la gestiona con viejos dogmas y nuevas ocurrencias. Calificar las iniciativas parlamentarias de la oposición de «agresiones» es ridículo, pero considerarlas demasiadas es inaudito. Ahora les molesta su excesivo celo.
El trabajo es un valor central de la cultura política vasca y rendir cuentas es la obligación de todo gobierno. Seguramente, aunque no se esté al borde del colapso, para darle la vuelta a la situación de decadencia política y social que viven Euskal Herria y sus estructuras no bastará con pequeñas reformas y gestos. Además, se están conformando alternativas y no se deberían menospreciar. Hay margen para el debate, la confrontación y la cooperación, pero no hay opción de trabajar menos o rebajar los compromisos.
IRITZIA. EDITORIAL. GARA.
lunes, 19 de agosto de 2024
El tiempo pasa ... también en la cruz franquista de Kutzemendi/Gasteiz
Hay quien puede pensar que el tiempo es barato, que puede recuperarse y que tiene retorno, que sus aplicaciones pueden retrasarse sin perjuicio y los sucesos se reencuentran para solucionar los errores de la inhibición o la pereza. Estas cosas ocurren de forma constante y, por mucho que se intente justificar, conllevan perjuicios de responsabilidad y de complejos históricos, los cuales causan frustración en amplios sectores que añoran actividad progresiva y soluciones posibles a problemas que inciden en la convivencia y el respeto al mundo sufriente y reivindicativo.
También el tiempo pasado, viejo y muerto resulta, cual espejo retrovisor, que sirve para corregir errores y superar contradicciones, pero todo ello a partir de inhibiciones o parálisis activa, donde ese tiempo desperdiciado influirá en la decepción del entorno o en la crítica ácida por la falta de argumentación acerca de las posibilidades necesarias para corregir imposiciones históricas.
Hay un hecho que me produce dolor y que, desde mi punto de vista, requiere una actuación directa y firme para devolver la dignidad a Iruñea, desde un punto de vista democrático y de respeto a una población sufriente anclada en una memoria ruinosa que con el paso del tiempo va deslizándose entre contradicciones interesadas. El tiempo pasado se halla encuadernado en relatos históricos, unos verdaderos y otros falsificados, pero la realidad actual refleja decenas de años de imposición y glorificación que han dejado huella entre la población autóctona. Sí, me estoy refiriendo al monumento Los Caídos y al Ayuntamiento de Iruñea, y lo hago con preocupación, pues el tiempo va pasando y no observo movimientos firmes para resolver el actual debate (derribo o reutilización) que considero necesario, pues el tiempo de mayoría progresista concluye dentro de tres años, y aquí, el tiempo juega un papel fundamental.
Mucho se está escribiendo sobre el tema y muchas son las excusas que se ofrecen como respuesta, donde los posicionamientos no están claros y se va dejando actuar al enemigo para su crecimiento y organización, con valoraciones políticas infantiles o decadentes. El olvido tiene esos fallos de responsabilidad, pues los asesinados y esclavizados ya no están, nos encontramos con sus nombres caminando por el Casco Viejo de Iruñea en las chapas de latón que se hallan en sus calles, frente a las puertas donde vivían y fueron sacados para ser fusilados y cuneteados por las fuerzas levantiscas y por las hordas requeté-falangistas, con las denuncias y colaboración de la Iglesia católica y sus adeptos; cuestión que se hizo extensiva a toda Nafarroa sin frente de guerra y con odio y crueldad genocidas.
Estoy de acuerdo con el derribo, estoy de acuerdo con los grupos memorialistas que optan por el derribo y estoy de acuerdo, también, con Victor Moreno cuando defiende las emociones en respuesta a la consejera Ana Ollo, donde se alude a las emociones como si fueran un mal paso ante el convencimiento de una idea y como si la reflexión nada tuviera que ver con el deseo emocional del análisis encarcelado en el tiempo... Ese monumento fue promovido e ideado por Franco y los franquistas, igual que Cuelgamuros, para homenajear a los asesinos y genocidas que iniciaron el golpe militar contra la II República, para escarmentar a quienes pensaban en la democracia y deseaban convivir en paz y libertad. El resultado: centenas de miles de muertos y más de 40 años de dictadura militar y policial, libre de cargos y amnistiada por acuerdos de la vergüenza a través de una reforma monárquica pactada. Son cosas del tiempo, para los más jóvenes puede que no adquieran la importancia debida (por no haber sufrido las imposiciones del régimen golpista), pero para quienes contamos con bastantes años (seamos de uno u otro lado de la responsabilidad histórica) adquiere reacciones urgentes a partir de la oportunidad real para acabar con la imposición y la humillación que para la ciudadanía nafartarra supone el mamotreto homenajeador del asesinato y la impunidad del franquismo fascista. Para los herederos del golpe, el símbolo supone el regodeo sobre la victoria de Franco y sus aliados (Hitler y Mussolini... con la Legión Cóndor y la División Azul), lo cual les conduce a la «resignificación», ya que el edificio seguirá vivo para su gozo. Sin embargo, para quienes hemos sido humillados, perseguidos, torturados y encarcelados, con memoria y esperanza, el oscuro panteón produce asco y dolor, fruto de su intención creadora e imposición en el largo tiempo de la opresión impune. Por ello, la actuación requiere claridad y posicionamientos firmes, donde cada cual defina en qué lado está, dejando al margen titubeos y excusas que supongan el mantenimiento del oscuro y tétrico edificio. Los argumentos ofrecidos por personajes pretendidamente conservacionistas, alegando cualidades artísticas y urbanísticas, no aportan absolutamente nada en lo que se refiere al meollo de la cuestión, pues las cualidades desaparecen cuando la oscuridad y la sangre emergen desde sus malditos cimientos.
El listado de asesinados y asesinos existe para comprender la gravedad histórica de las ejecuciones y sus responsables, donde socialistas del PSOE y sindicalistas de la UGT se llevaron la peor parte; también fueron ejecutados militantes de la CNT, nacionalistas vascos y trabajadores republicanos por la libertad. Hoy, sus herederos, las personas que gobiernan Nafarroa con acuerdos de progreso, tienen la inexcusable obligación de hacer desaparecer el monumento al asesinato y la glorificación de sus ejecutores. No se trata de revanchismo, se trata de ética y dignidad, pues el tiempo está pasando y su historia encarcelada requiere utilizar la memoria para «resignificar» las vivencias sufridas.
ENDOFAGIA ALAVESA
"El término endofagia hace referencia, también, a la tendencia de una institución a aprovecharse destructivamente de sus propios miembros. Es este, pues, un calificativo que, en mi opinión, resulta idóneo para describir la situación que sufren los municipios rurales del territorio alavés". (Y los Concejos alaveses y vitorianos, habría que añadir)
........
"Considero que el quid de la cuestión está el diseño del marco institucional arabarra. Muchos desconocen algo que explica en gran parte lo que nos sucede al ser avasallados con políticas impositivas, ajenas a nuestras propias realidades y al fin y al cabo, como menores de edad: las JJGG de Álava, la componen 51 representantes electos, de los cuales 39 son elegidos por Vitoria-Gasteiz, 5 por Aiala y otros 7 «por el resto de cuadrillas» del resto de la provincia; ¡esto supone el 75, 5% de la representación total para Vitoria-Gasteiz! ¿Es esta una situación que garantiza la equidad en las políticas del territorio y la participación de nuestros municipios (y Concejos) en la soberanía popular alavesa? Creo que la respuesta es bastante evidente y explica claramente el marco político, institucional y mediático que nos ignora y devora.
Si comparamos este dato con lo que sucede, por ejemplo en Bizkaia,
es muy clarificador, pues allí eligen a 15 representantes por Bilbao (29, 5%),
13 por Encartaciones, 10 por Durango-Arratia y 13 por Busturia Uribe. Y en el
caso de Gipuzkoa, son elegidos 17 por Donostia (33, 3%), 11 por
Bidasoa-Oiartzun, 9 por Oria y 14 por Deba-Urola. En ambos se diseña el campo
demográfico-electoral de tal forma que se distribuye la representación de forma
equitativa en todo el territorio.
Paradójicamente, no se considera adecuado para la cohesión del
propio territorio alavés, una discriminación positiva que garantiza la cohesión
territorial en la CAV, en virtud de la cual para el parlamento vasco son
elegidos 25 parlamentarios por cada territorio histórico.
Estos datos objetivos nos reflejan por qué Vitoria-Gasteiz, su percepción de la realidad y su sobrerrepresentación política urbanita devoran al resto de la provincia (y a los propios Concejos vitorianos). Lo hacen desde hace mucho tiempo y poco a poco, pero ese proceso se está acelerando peligrosamente en la medida en que nuestros pueblos son colonizados, y se ejerce más y más presión urbanita y ajena a la realidad sociopolítica de la Araba rural. La cuestión es, ¿a quién representa en realidad el señor Ramiro González?
Esta es nuestra realidad, y mientras, los mismos políticos
cómplices de esta situación, históricamente nos han despistado haciéndonos
mirar con recelo a otras provincias hermanas. Es, pues, el ente representado
por la mega cefálica Vitoria-Gasteiz quien acosa a la Araba rural y
paradójicamente es la propia población gasteiztarra quien tiene también en sus
manos ayudarnos a parar la endofagia, ayudar a recuperar el equilibrio
democrático en Araba y empoderarse desde ya para confrontar a Solaria y sus
aliados.
Cada día que pasa en estos primeros días de
agosto, vamos conociendo nuevos atropellos de la empresa Solaria y asistiendo
indignados a la imposición de un marco comunicativo adulterado y a
declaraciones muy preocupantes de nuestro máximo representante institucional,
el señor Ramiro González, posiciones todas ellas que atentan contra la
soberanía de nuestras comunidades.
En esta batalla
por el «relato», no está siendo nada sencillo superar la barrera informativa
decretada en nuestro territorio, pero porque sabemos que la razón está de
nuestra parte y así lo hemos argumentado en las alegaciones técnicas, por pura
corresponsabilidad social y porque el futuro nos va en ello, nos van a tener
que oír. Seguiremos, pues, repitiendo que no estamos en contra de los proyectos
energéticos que contribuyan a la transición energética, también en Euskal
Herria; que los creemos necesarios, pero que no deben ni pueden hacerse
aprovechando el vacío legal, colaborando con el pirateo depredador empresarial
y con el atropello prepotente por estilo. Nuestras comunidades exigen ser parte
de la transición energética, no los paganos de un caos de ordenación del
territorio que tiene responsables políticos muy concretos. Es preciso exigirles
que hagan su trabajo con un mínimo de diligencia y que no nos hagan pagar de
forma irreversible su propia incompetencia.
Esta situación de acoso permanente me ha llevado a reflexionar y retomar un asunto que considero crucial y explica muchas de las cosas que en este y otros muchos asuntos más sufrimos en nuestros municipios. Asuntos como la falta de servicios, ausencia de políticas para, por ejemplo, los jóvenes, ninguneo institucional y, en definitiva, la absoluta falta de libre disposición sobre nuestro propio futuro.